Una extensa investigación de dos años sobre inmigrantes utilizando documentos falsos llevó a la detención de 48 trabajadores en una empresa de fundición de metales en Carolina del Sur por parte de autoridades federales. Seis personas enfrentan cargos estatales, incluyendo dos altos ejecutivos de la planta, según anunciaron las autoridades.
Las instalaciones de Burnstein von Seelen Precision Castings, ubicadas en Abbeville, fueron allanadas por decenas de elementos de agencias de seguridad federales y locales. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pusieron bajo custodia a los trabajadores por infracciones migratorias. El gerente y el director de recursos humanos de la empresa fueron arrestados por contratar a inmigrantes sin autorización legal, informó el fiscal general del estado, Alan Wilson.
Un jurado investigador acusó formalmente a los directivos de la empresa junto con otras cuatro personas por fabricar y vender documentos de identidad falsos obtenidos mediante suplantación. Wilson expresó que la acción busca atacar conspiraciones más grandes en Carolina del Sur que incluyen suplantación de identidades y la creación de tarjetas falsas de Seguro Social y otros documentos.
Los directivos de la empresa deben comparecer en un tribunal en Richland para enfrentar cargos de asociación delictuosa y fraude de identidad. No se conoce si tienen abogados para responder a las acusaciones.
Burnstein von Seelen, fundada en 1985, fabrica componentes con cobre, latón, y bronce, y está situada en Abbeville, cerca de la frontera con Georgia, a 145 kilómetros de Columbia.
ICE revisa el estatus migratorio de los detenidos, entre los cuales hay personas con anteriores encuentros con la agencia y algunas con órdenes de deportación. La investigación sigue en curso, y podría haber más arrestos.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Carolina del Sur busca más información sobre las detenciones y expresó escepticismo sobre las declaraciones gubernamentales, destacando preocupaciones sobre derechos individuales.
La investigación comenzó en octubre de 2024, con frustración de las autoridades locales por la falta de acciones contra identificaciones falsas durante el gobierno de Joe Biden. Esto cambió al asumir Donald Trump y la inclusión de autoridades federales en la investigación.
El reciente allanamiento se diferencia de las campañas de deportación en masa de Trump, siendo un esfuerzo conjunto con las autoridades estatales, similar a investigaciones de drogas, enfocándose también en quienes suministraban la documentación falsa.